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La incapacidad temporal genera la pérdida de 185 millones de jornadas anuales, el doble que las no trabajadas por vacaciones

Enrique Morales
Madrid. Los mayores controles de las bajas por enfermedad -asunción de más poder de la Seguridad Social y aumento de la coordinación entre las comunidades- han contribuido a una drástica reducción de las partidas destinadas a esta prestación. Durante los cinco primeros años de 2000, este gasto aumentaba a un ritmo cercano al 15%, frente al 5,5% actual, un porcentaje asumible derivado del incremento anual de la población activa y de los salarios.

Sin embargo, la picaresca y el fraude siguen formando parte de un buen número de bajas por incapacidad temporal (IT) y el protagonismo de las enfermedades psicosociales -ansiedad, estrés o depresión- ha supuesto una nueva vía para la simulación de enfermedades, por las dificultades que supone un diagnóstico certero.

El aumento y posterior disminución con mayores controles del número de incapacidades evidencia una situación irregular, pero son muchos los indicios de que el fraude en esta prestación, que anualmente le cuesta a los empresarios en torno a 3.500 millones de euros y 8.770 millones a la Seguridad Social, es una constante.

Las irregularidades están presentes en una de cada cuatro bajas. Una llamada de la Inspección de la Seguridad Social advirtiendo al enfermo que debe someterse a revisión contribuye a que el 25% se incorpore al día siguiente a su puesto de trabajo totalmente recuperado.

Pero los filtros actuales parecen no ser suficientes. Existe una zona de sombra y de difícil control en el periodo de baja de cuyo pago se tiene que hacer cargo el empresario -entre el cuarto y el decimoquinto día de la incapacidad temporal-. Curiosamente es también en el periodo en el que más bajas se acumulan, ya que dos de cada tres enfermos vuelven al trabajo el decimosexto día.

Por una parte, los empresarios no tienen teóricamente el control de ese gasto, ya que se trata de una prestación pública y, por otra, la Seguridad Social no vigila ese periodo porque no lo paga. Un enorme coladero donde más duele.

Ante esta situación, que supone la pérdida de 185 millones de jornadas de trabajo anuales por incapacidad temporal -el doble de las no trabajadas por vacaciones- y genera, además del daño patrimonial a las empresas, problemas funcionales y operativos, los empresarios harán del control de las bajas su principal reivindicación en materia de reducción de costes laborales, tanto salariales como sociales.

Dentro del Plan Estratégico que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presentará en diciembre en asamblea extraordinaria y que marcará las líneas maestras de la patronal para los próximos cuatro años, los empresarios urgen mecanismos para participar en el control y seguimiento de los procesos de incapacidad más cortos, los que les afectan directamente. En este punto, la postura de la patronal está muy cerca de la de los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que ven prioritario cualquier tipo de control que acabe con las irregularidades en la IT.

Los costes laborales en España presentan un crecimiento que duplica el de la zona euro. Para amortiguar el impacto de los costes en la competitividad de las empresas, los empresarios quieren flexibilizar los salarios y vincularlos a la productividad. En cuanto a los costes no salariales, piden que se suprima la obligación de cotización empresarial durante el periodo de pago directo de la incapacidad temporal. Apenas un 1% de las incapacidades temporales duran más de un año, periodo máximo fijado para estas bajas temporales y a partir del cual la Seguridad Social asume un control exclusivo.

Las diferencias de los periodos de duración de las bajas entre comunidades son importantes, fijándose la media en torno a 47 días. Existe un perfil del trabajador en baja y un 17% son reincidentes cada año. Asturias registra las incapacidades más prolongadas, las mujeres tardan más en volver al trabajo y los mayores de 40 años duplican el tiempo de su baja frente al de los menores de esa edad, lo mismo que sucede en la hostelería frente a la industria.

Sin duda, la incapacidad temporal es un terreno abonado para el fraude y cualquier método de lucha es válido. Las arcas públicas y la competitividad de las empresas está en juego.

Noticia publicada en la Gaceta de los Negocios